Nuevas normas sobre “carga pública”

CLAUDIA LONGO       

claudia.longo@lamegamedia.com

CLEVELAND, Ohio — A partir del 15 de octubre de 2019, podría ponerse en efecto una nueva regla propuesta por la administración del presidente Trump y publicada en agosto de este mismo año, que cambia las políticas de “carga pública” utilizadas para determinar si una persona que solicita admisión o ajuste de estatus es inadmisible en los Estados Unidos.

Bajo una política de larga data, el gobierno federal puede negar una entrada individual en los Estados Unidos o un ajuste a la condición de residente permanente legal (es decir, una tarjeta verde) si se determina que el individuo probablemente se convierta en una “carga pública”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) podría categorizar a alguien como “inadmisible” si los funcionarios determinan que es más probable que en cualquier momento en el futuro se convierta en una “carga pública” basado en la totalidad de las circunstancias de la persona.

Como mínimo, los funcionarios deben tener en cuenta la edad del solicitante, salud, situación familiar, activos, recursos y situación financiera, educación y habilidades al tomar esta determinación.

La nueva regla establece que el gobierno ampliará el concepto de “carga pública” al expandir los beneficios obtenidos por el solicitante. Estos incluyen: Medicad de no emergencia para adultos no embarazadas, el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés) y varios programas de vivienda.

Aquellos inmigrantes con hijos ciudadanos menores de 21 años que reciben Medicaid o CHIP, no serán considerados como “carga pública”.

Tampoco la asistencia médica de emergencia, los programas de almuerzo escolar, las despensas de alimentos o el alivio por desastres.

Los militares activos de los Estados Unidos están exentos, al igual que los refugiados o solicitantes de asilo. La norma tampoco se aplicaría retroactivamente.

Para considerarse elegibles al estatus de residencia permanente, los inmigrantes en proceso de solicitud, deben comprobar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que no se convertirán en “carga pública”, recibiendo beneficios federales. (La Mega Nota/Claudia Longo)

El periódico Los Ángeles Times reporta que algunas personas comenzaron a retirarse de los programas públicos el año pasado cuando circularon por primera vez rumores sobre la nueva regla.

Una encuesta realizada en diciembre por el Urban Institute, una organización de investigación sin fines de lucro, informó que casi el 14% de los 1,950 adultos nacidos en el extranjero o que vivían con familiares nacidos en el extranjero han evitado participar en programas de beneficios públicos en el último año porque les preocupaba dañar su oportunidad de obtener tarjetas verdes.

“Ya estamos viendo efectos escalofriantes”, dijo Sara McTarnaghan, una investigadora asociada en el Instituto Urbano.

“Hay familias que están deteniendo los beneficios para sus hijos ciudadanos estadounidenses. Hay titulares de tarjetas verdes y ciudadanos naturalizados que dejaron de obtener beneficios a pesar de que no se verán afectados”.

A nivel nacional, 13.5 millones de afiliados a Medicaid/CHIP, incluyendo 7.6 millones de niños, viven en un hogar con un no ciudadano o son no ciudadanos y pueden estar en riesgo de disminución de la inscripción como resultado de la regla.

Según el DHS, la regla no entrará en vigor hasta el 15 de octubre de 2019.

Además, muchas organizaciones han indicado que presentarán demandas impugnando la legalidad de la regla.

Por lo tanto –incluso después de su publicación– los desafíos legales podrían retrasar la aplicación.

Los esfuerzos de divulgación y educación minimizarían los efectos devastadores de la regla. Como se señaló, es probable que la disminución en la participación en los programas de gobierno se extienda ampliamente más allá de las personas directamente afectadas por los cambios de la norma.

El alcance y la educación a las familias y comunidades inmigrantes pueden ayudar a reducir los temores y la confusión derivados de la regla.

Sin embargo, superar el miedo e incertidumbre en el entorno actual, particularmente a medida que las políticas de inmigración siguen evolucionando y cambiando, puede ser un desafío.

La intención principal del gobierno es la de crear caos y pánico dentro de la población de inmigrantes, desalentándoles de obtener beneficios a los que tienen derecho.

Siempre consulte con un abogado antes de realizar cualquier cambio tanto en su solicitud de inmigración como en la de sus beneficios o de su familia.

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