Protestas masivas logran renuncia de Rosselló

Las protestas masivas exigiendo la renuncia inmediata de Ricardo Rosselló, como gobernador de Puerto Rico, se definen como “una convocatoria sin precedente”. (La Mega Nota/Hugo Marín)

Por HUGO MARÍN   

hugo.marin@lamegamedia.com  

La Mega Nota 

SAN JUAN, Puerto Rico — Aún días después de que multitudinarias manifestaciones obligaron al ahora ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rossello a renunciar, las protestas continúan. 

En un evento sin precedente, es la primera vez en la historia de este país donde un gobernante en cargo es derrocado. 

El último día de Rosselló en el puesto fue el 2 de agosto, sin embargo, todavía no está claro quién tomará su lugar. 

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien primeramente dijo no tener interés en ser gobernadora, se retractó y luego no descartó la posibilidad de asumir el puesto. 

Acto seguido, manifestantes se reunieron frente a su oficina para pedirle que renunciara a su cargo como secretaria de justicia, tras salir a relucir que se negó a investigar negligencias de Roselló en la entrega de suministros para los damnificados del huracán María. 

Las protestas no cesan en Puerto Rico y aumenta la preocupación de que la incertidumbre política podría llevar a que la Junta de Control Fiscal tome más poder.

Después de casi dos semanas de protestas masivas, Ricardo Rosselló, anunció su renuncia el 24 de julio, convirtiéndose en el primer director ejecutivo en la historia de la isla quien renuncia durante su función. 

La caída de Rosselló comenzó a principios de julio cuando dos de sus ex funcionarios fueron arrestados por el FBI por cargos de corrupción. 

Luego, unos días después, el Centro de Periodismo de Investigación de Puerto Rico, publicó 889 páginas de mensajes de chat, utilizando la plataforma “Telegraph”, entre Rosselló y miembros de su administración. 

Estos mensajes estaban saturados de comentarios homofóbicos, misóginos y muchos dirigidos a opositores políticos, activistas e incluso a víctimas del huracán María. 

La renuncia de Rosselló llega después de años extremadamente difíciles para los puertorriqueños. 

En 2016, el entonces presidente Barack Obama firmó la controvertida ley PROMESA, la cual estableció una junta de control fiscal no electa democráticamente para administrar la isla y la exorbitante deuda; una decisión que muchos puertorriqueños vieron como un exceso colonial. Conocida localmente como “la junta”, esta no perdió tiempo en imponer severas y estrictas medidas de austeridad, recortando fondos para escuelas, hospitales y otras instituciones públicas.

En medio de esta crisis económica, el huracán María destruyó Puerto Rico, dejando a millones de personas sin electricidad, agua potable y comunicación, por ende provocando un éxodo de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. 

Hoy, según un estudio realizado por la Universidad de Harvard, se estima que la cifra de muertos de María asciende a 4,645. 

Más de 300 escuelas públicas han cerrado desde ese entonces, y casi tres cuartos de los residentes viven bajo el nivel de pobreza. Todos estos, fueron algunos de los factores que avivaron las protestas en las últimas semanas. 

Al momento de redactar esta información todavía no estaba claro quién eventualmente lo reemplazará. 

Según la Constitución, la persona siguiente en fila sería el secretario de Estado, pero éste renunció luego del escándalo de textos. 

Una lucha por el poder se ha desatado entre miembros de la Legislatura, la Cámara de Representantes y el liderazgo interno del partido político en mando. 

El último nombre en mencionarse fue el de Pedro Pierluisi, ex-Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington. Pierluisi no es favorecido por el pueblo porque actualmente sirve como abogado para la Junta de Control Fiscal. 

Días antes del escándalo de mensajes de texto, el gobierno de Rosselló se vio envuelto en otra controversia. 

El FBI arrestó a dos altos funcionarios de su administración por canalizar ilegalmente fondos federales a empresas favorecidas. 

La acusación formal alega que Julia Keleher, ex secretaria del departamento de educación de la isla, y Ángela Ávila Marrero, quien encabezó la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, dirigieron fondos a contratistas políticamente conectados. 

Efectivamente, los funcionarios están acusados ​​de conspirar para robar $15.5 millones destinados a algunos de los ciudadanos más vulnerables de Puerto Rico. Ambos funcionarios habían servido en la administración Rosselló hasta hace solo unos meses.

Los recientes escándalos marcan una causa inmediata para las protestas que azotan a Puerto Rico, pero los residentes de la isla han enfrentado otras frustraciones en los últimos años.

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